Hace un año, la Diputación de Zaragoza retiró la subvención al Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (SOAJP) que 60 abogados prestaban a los presos de Zuera y Daroca, las dos prisiones de la provincia. Solo 2 se dieron de baja. El resto decidió continuar sin cobrar ni un euro para – en palabras de la hasta ahora coordinadora del servicio, Lourdes Barón- “seguir el camino de intentar lograr una sociedad más justa e igualitaria, porque la gran mayoría de los presos llegan al mundo del delito por dificultades económicas y sociales”. En diciembre de 2015, el Colegio de Abogados de Zaragoza entregó sus premios Solidaridad y Valores a estos letrados, un gesto simbólico, 6.000 euros, para un extraordinario servicio. El galardón lo recogió, el 23 de diciembre, Lourdes Barón.
